Sorpresa, desconcierto y miedo. Tal vez estas son las tres palabras que mejor definen el estado de ánimo actual de los empleados públicos con contratos y nombramientos de carácter temporal al conocer el texto del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
Tras la adopción del Acuerdo de estabilidad entre el Gobierno y los sindicatos más representativos (CCOO, CSIF y UGT), muchos empleados públicos temporales echaron las campanas al vuelo, por desconocimiento o desinformación interesada de los propios firmantes del Acuerdo, creyendo que se producirían masivos procesos de consolidación de empleo temporal que les permitiría conseguir una plaza en propiedad. Lo cierto es que se ha vendido una versión bastante edulcorada del Acuerdo de estabilidad, pues este no contempla la realización de procesos extraordinarios de consolidación de empleo, sino por el contrario, de procesos selectivos de carácter ordinario a través del sistema de concurso-oposición con estricto respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Por esto, cuando se ha conocido el texto del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y en concreto su artículo 19.2, ha surgido en primer lugar la sorpresa, posteriormente las interpretaciones interesadas, y por último una sensación de angustia y pánico entre los empleados públicos con vínculo de carácter temporal. Estamos asistiendo a un ejercicio poco edificante de “lucha sindical” donde los empleados públicos más precarios se utiliza como arma arrojadiza entre las diferentes organizaciones, en la cual los sindicatos minoritarios acusan de deslealtad y traición a los firmantes del Acuerdo, mientras que estos se defienden tachando de alarmistas y demagogos a los demás. La situación llega a rozar el esperpento cuando distintas organizaciones territoriales y federaciones de CCOO cruzan comunicados discrepantes sobre la interpretación del proyecto de Presupuestos Generales. Igualmente reprochable resulta la acción de determinados despachos de abogados que, aprovechando esta situación de desconcierto, lanzan un mensaje ciertamente alarmista donde se afirma que 350.000 empleados públicos temporales serán despedidos en breve y que hay que demandar de forma inmediata, obviamente, a través de esos despachos de abogados.
Con este artículo intentaré aportar mi valoración estrictamente jurídica sobre el alcance del proyecto de Presupuestos Generales del Estado y los conflictos que puede provocar. Seguir leyendo “La aprobación de los presupuestos podría conllevar el cese de miles de empleados públicos temporales”