Javier De Cominges, de Zeres Abogados y experto en derecho laboral, fue invitado a participar en el Telediario de RTVE este martes, 21 de mayo, para abordar la reciente aprobación del Gobierno que prohíbe el despido por incapacidad sobrevenida.
Díaz explicó que esta reforma es «mucho más profunda» y permitirá que las personas con discapacidad elijan si desean continuar en su puesto de trabajo o si prefieren que su relación laboral se extinga. En caso de optar por continuar, las empresas deberán adaptar el puesto a las necesidades del trabajador. «Hoy, nuestro país es mejor, somos más europeos», afirmó Díaz.
Además, la norma establece un plazo de seis meses para que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones implemente cambios relacionados con las invalideces permanentes y sus grados. Este esfuerzo normativo se ha desarrollado en colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que ha elogiado la rapidez y el diálogo mantenido con el sector.
La regulación vigente hasta ahora permitía el despido objetivo por ineptitud sobrevenida, una situación que afectaba a aquellos trabajadores que, tras la firma del contrato, perdían la capacidad para desempeñar sus funciones eficientemente. Este tipo de despido ha sido criticado por vulnerar el derecho al empleo de las personas con discapacidad, una crítica que el CERMI ha sostenido basándose en el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La necesidad de esta reforma se aceleró tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declaró que el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores era contrario al Derecho europeo en cuanto a la discapacidad sobrevenida, obligando a España a modificar su legislación.
Esta modificación legal representa un avance importante para los derechos laborales de las personas con discapacidad en España, un colectivo que, según datos de la ministra Díaz, incluye a 4.380.000 personas, de las cuales la mayoría son mujeres.
Con esta nueva medida, el Gobierno busca dignificar la sociedad y hacerla más inclusiva, garantizando que las personas con discapacidad tengan el derecho a elegir sobre su continuidad laboral y que sus empleadores adapten los puestos de trabajo a sus necesidades.
