España recibió en 2022 un total neto de 727.005 inmigrantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), que había previsto para ese año un 33% menos, por debajo del medio millón de personas. Además, el saldo migratorio de 2022 es más del doble de lo que prevén, para el 2024, los informes sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones publicados por el Gobierno.
Estas cifras, sumadas al registro de 2,7 millones de ocupados extranjeros, constituyen los únicos datos demográficos favorables al optimismo del Gobierno sobre el futuro de las pensiones, un optimismo que no comparten los analistas.
En diciembre de 2023 había un 8,5% más de ocupados extranjeros que en el mismo mes del año anterior, mientras que registrábamos a la vez el saldo neto migratorio con el exterior más elevado en 10 años.
Acabamos de batir nuestro récord de población. Hemos llegado, en 2023, a los 48.592.909 habitantes, de los cuales un 13,4% son extranjeros. El INE asume que el incremento poblacional se ha debido casi en su totalidad a la llegada de extranjeros.
Este análisis procede del último Observatorio Zeres, una referencia en el estudio de nuestro entorno sociolaboral que publica el despacho laboralista del mismo nombre.
El Gobierno cree que el saldo migratorio —diferencia entre inmigración y emigración— será de unas 300.000 personas en 2024, 200.000 en torno a 2030 y de 400.000 en 2045. Muy por debajo, como vemos, del registrado en 2022, lo que hace pensar que se han quedado cortos.
El dato de 2022 es también muy superior a lo que estimaban las estadísticas del INE en octubre de ese mismo año, cuando preveían un saldo migratorio de 484.137 personas para dicho ejercicio.
En suma, se cumple con creces la esperanza de que el aumento de población joven que pueda compensar con sus cotizaciones el envejecimiento de la población nativa española, proceda de la inmigración, que aporta no solo fuerza de trabajo sino también mejora de la natalidad.
En este punto, los datos avalan al Ejecutivo, aunque la mayor parte de sus estimaciones no han convencido a los centros de análisis más relevantes.
Fabián Valero, socio fundador de Zeres Abogados, despacho especializado, entre otros asuntos laborales, en Seguridad Social, advierte de que, aunque la llegada de inmigrantes es una buena noticia, “es un factor relativo, porque el efecto positivo de esas llegadas sobre el sistema de pensiones depende, para empezar, de que esas personas se incorporen al mercado de trabajo. Es decir, coticen. Y también de cuánto coticen con relación a lo que se paga a los pensionistas”.
Valero añade: “de momento, la previsión segura es que las pensiones suponen el 41% de los Presupuestos Generales del Estado, mientras que el número de pensionistas aumenta”.
Los informes del Gobierno para apoyar su reforma son optimistas sobre las perspectivas financieras de nuestro sistema público de pensiones y su efecto sobre el saldo presupuestario en el conjunto del período 2022-2050.
En último término, consideran que el gasto público quedará por debajo del nivel que activaría la obligación de subir las cotizaciones sociales para compensar el gasto en pensiones.
Pero son muchos los organismos prestigiosos, como la fundación privada Fedea, la Airef o Funcas, que han publicado estudios que analizan críticamente esas proyecciones y señalan que se apoyan en supuestos demográficos y macroeconómicos poco creíbles.
