Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados, ha dado su valoración, en declaraciones a El Confidencial, en un contexto sobre el modelo de repartos en España, basado en la subcontratación y la precarización laboral. En concreto, sobre los 350 despidos en Seur, los trabajadores de una subcontrata de esta empresa de paquetería que se enfrentan a un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) después de lograr que la justicia obligara a la empresa a mejorar sus condiciones laborales.
La fecha límite para evitar el ERE es el 23 de marzo. Si no llegan a un acuerdo antes de ese plazo, se verán obligados a abandonar la planta de Seur en Getafe, donde muchos de ellos han trabajado durante más de una década. A pesar de estar en negociaciones con los representantes de CTC Externalización para evitar el ERE, la empresa alega motivos organizativos y productivos tras perder contratos con el gigante de la paquetería.
La raíz del problema se encuentra en las condiciones laborales. Aunque todos trabajan para Seur, están subcontratados por CTC Externalización, lo que resulta en condiciones considerablemente peores que las de sus compañeros directos en Seur. Los afectados exigen que se cumpla la última reforma laboral aprobada a finales de 2021, que debería mejorar sus condiciones y equipararlas a las de los demás empleados.
“Desde un punto jurídico, la sentencia no admite duda y es bastante lógica”, ha explicado Fabián Valero sobre el fallo conseguido por los trabajadores de CTC. Según sus palabras, lo decidido bebe directamente de la reforma laboral de 2021, concretamente de la modificación del artículo 84. “Se ha dado un periodo transitorio bastante amplio para que las empresas se adaptaran, pero no ha ocurrido”, añade. Y va más allá, aunque sea la subcontrata la que toma la decisión del ERE, Seur podría verse afectada y ser considerada “responsable solidaria”, porque al final se decide “prescindir del servicio” como consecuencia de esa sentencia que ha otorgado los mismos derechos económicos a unos trabajadores y a otros.
Además, Valero aclara que la reforma del artículo 84 quiso acabar con una vía que habían explotado ciertas empresas, especialmente las que se dedicaban a los “multiservicios”, para ser más competitivas a costa de los salarios. “Se producía una especie de dumping porque lo que se permitía es que tuviesen su propio convenio con sus tablas salariales y podían fijarlos por debajo de los convenios provinciales o sectoriales”, detalla. Valero explica que lo que se ha hecho es “homogeneizar” la situación y las normas, igualándolas, por ejemplo, a las que tienen que cumplir las ETT. “Cuando una ETT cede un trabajador, a este se le tiene que aplicar el convenio de la empresa a la que ceden ese trabajador”.
