Un juez de León ha emitido una sentencia en la que declara nulo el despido de un camarero de etnia gitana, que deberá ser readmitido, y ha condenado a la dueña del restaurante a pagar al empleado una indemnización de 7.501 euros.
La responsable del local cambió su actitud hacia él al conocer que era gitano y, unos días más tarde, la empresa le comunicó que ya no precisaba de sus servicios.
El fallo abre un interrogante sobre cómo se puede demostrar que un empleado ha sido víctima de discriminación racial en el trabajo una vez que ha sido despedido. Al respecto, Fabián Valero, director de Zeres Abogados, afirma que es importante que el trabajador aporte “indicios fundados de discriminación”, que hagan sospechar que existe un comportamiento racista. El letrado explica además que pueden servir “testigos, documentos, grabaciones de teléfono móvil con insultos o menosprecios, correos, conversaciones de WhatsApp o comentarios en redes sociales”.
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