Zeres Abogados estima que comunidades autónomas, ayuntamientos y el Gobierno central podrían tener que abonar una suma cercana a los tres mil millones de euros en indemnizaciones a cientos de miles de empleados públicos a quienes, según asegura, han venido contratando temporalmente más tiempo del permitido por la normativa de la Unión Europea (UE).

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Fuente: Europa Press