Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados y experto en derecho laboral, ha valorado en declaraciones a La Voz de Galicia la decisión del Tribunal Supremo (TS) de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el modo de aplicar la fijeza en el empleo público.

Dos semanas después del varapalo de la Justicia Europea a España, que instaba a hacer fijos a los interinos de larga duración como medida correctora y sancionadora para paliar el exceso de temporalidad en el sector público, el Alto Tribunal devuelve la pelota a la Corte de Luxemburgo. La Sala de lo Social pide al TJUE que aclare el alcance de su sentencia y cómo debe ser aplicada por los jueces españoles. Sobre todo, explica el Supremo, pretende solucionar dudas sobre cómo compaginar las consecuencias de esa sentencia con el mandato constitucional que garantiza el acceso al empleo público por principios de “igualdad, mérito y capacidad”.

La decisión del Supremo de volver a elevar el asunto a Europa provocará una nueva dilación que puede alargarse dos años. Por ello, Valero entiende que el movimiento del Supremo es «innecesario», recordando que el TJUE ya se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre el problema enquistado de la temporalidad en la Administración pública española.

Además, el socio fundador de Zeres Abogados cree que los jueces de instancias inferiores pueden aplicar directamente la resolución del tribunal europeo y que en la mayoría de los casos no podrán paralizar dos años sus decisiones, aunque añade que la actuación siempre queda al criterio particular de cada juez. «Lo único que hace es dilatar la solución definitiva a un problema que lleva años», subraya. Y recuerda que fue el Supremo el que hace 28 años creó la figura del indefinido no fijo, que no ha servido para atajar el problema de la temporalidad en el sector público. Valero ve complicado que la corte comunitaria pueda ser más concreta de lo que ya ha sido y tampoco descarta que la decisión del Supremo pueda provocar lo contrario de lo que pretende: más litigiosidad.

Fuente: La Voz de Galicia

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