Según el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el Gobierno tiene que readmitir o indemnizar a los trabajadores, que llevaban al servicio de la Administración entre 14 y 23 años, con cuantías que van desde los 47.602 a los 79.000 euros.
Su abogado Fabián Valero, de Zeres, recuerda que el recurso de las sentencias es una estrategia diseñada “con el único propósito de retrasar los máximo posible las indemnizaciones”.
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